30 de novembre, 2005

El civismo y la convivencia en la ciudad

El uso del espacio público compartido.

Hoy una noticia que sale en El Periódico, me da pie para incidir un poco más en profundidad, en aquello que hace unos días os comenté sobre lo sucedido en Francia, y la problemática que puede surgir alrededor de la inmigración en las ciudades.
En el pleno de L’Hospitalet, se aprueba una normativa específica destinada a regular el uso de los locales de alimentación (herederos de los clásicos colmados), pequeños, que hacen un uso al barrio, y de los más modernos locutorios, surgidos durante los últimos años, al amparo de las sucesivas oleadas de nueva ciudadanía llegada a ésta y a otras ciudades. Unos locales que, si bien, en sí no generan disfunciones, el uso que se hace de ellos, por una parte, genera en situaciones de incivismo y problemas de convivencia.
Estamos hablando de comercios, en su mayoría regentados por ciudadanos extranjeros, y cuyo uso, en caso de los locutorios es también casi exclusivo de este colectivo, pero que, en el caso de las tiendas de alimentación, se extiende al resto de la ciudadanía.
Según datos estadísticos oficiales, la ciudad de L’Hospitalet tiene un porcentaje de población inmigrada censada de un 19%, de los más de 260.000 habitantes que tiene, siendo que hace únicamente 5 años este porcentaje era del 4%, y que, en algunos puntos de la ciudad, como el barrio de Collblanc La Torrassa el porcentaje representa el 30%.
Creo sinceramente que la nueva ciudadanía no supone ningún problema para las ciudades que la reciben, si no más bien al contrario, la entrada y residencia de acuerdo a las normativas vigentes, y el pleno desarrollo y ejercicio de los derechos y deberes inherentes a cualquier ciudadano/a, permite que sea un nuevo eje y motor impulsor.
Evidentemente, el trabajo a realizar es mucho, y los recursos limitados. Las administraciones implicadas han de hacer frente a nuevos retos sociales y nuevas situaciones y necesidades que, hasta hace poco no existían. La plena integración no es sino el trato como ciudadanos con todos los derechos y deberes que se le ha de otorgar a los residentes. Pero eso también implica nuevas políticas diferenciadas, que hagan hincapié en el normal desarrollo de la ciudadanía así como en la ayuda a situaciones difíciles: idiomáticas, de vivienda, de escolarización, de costumbre, etc.
Y es aquí donde el esfuerzo de todos es vital. No sólo de la implicación activa de la administración, sino de la propia ciudadanía, ya sean inmigrada o autóctona. La convivencia y el civismo constituyen elementos comunes en la vida pública y privada. El uso responsable y cívico de los espacios comunes es una obligación y un deber de la ciudadanía y es responsabilidad de la administración el garantizarla, actuando de manera preventiva con campañas de concienciación y sensibilización y castigando en los términos que la ley permite al incívico. Sea éste el que sea. La garantía de una política pública que garantice la libertad, la igualdad, con la seguridad y la convivencia es un reto de la izquierda. Y como tal ha de hacerle frente. Ha de ser sensible a las reivindicaciones de aquellos que se sienten perjudicados por las actuaciones incívicas de otros. Y a la vez ha de tener políticas educativas y sociales, a la par que políticas sancionadoras cuando se incumple la normativa.
La actitud incívica no es exclusiva de ningún colectivo. La realidad de las ciudades hace necesaria una rápida actuación para poder poner un remedio antes que pueda producirse una enfermedad.
El caso de Francia se va a convertir en paradigmático, y digno de estudio. Un país que se jactaba de la plena integración de sus inmigrantes no ha hecho sino reflejar el fracaso de la cultura de la inmersión total. Se ha de respetar el sentimiento de cada persona y se la ha de tratar con la dignidad que se merece. La proliferación de ghetos no es sino es el reflejo de la no política, de la dejadez, y de mirar hacia otro lado. El mantener y permitir situaciones precarias de vida, es poner el caldo para futuros y previsibles brotes de descontento. La administración es la responsable de poner las condiciones de convivencia y la ciudadanía es la que ha de ejercerla.
Por eso creo acertado que se trabaje, por ejemplo, en atajar la proliferación de molestias reiteradas que producen determinados locales, con su actividad y la que generan a su alrededor, y que minan la resistencia psicológica de los vecinos. Y que se haga para todos por igual. Y que se trabaje en la concienciación cívica y en la aplicación de la normativa cuando se incumple.
Sólo un trabajo de pedagogía, de políticas sociales, educativas, laborales, y la mejora de la calidad de vida de todas las personas, puede ayudar a elevar el grado de civismo y convivencia en nuestras ciudades.
Saludos.